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El proceso de violencia que sufrimos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 desarticuló proyectos de vida individual y colectiva de miles de víctimas y causó la pérdida de capacidades y oportunidades de desarrollo. Entre otras consecuencias, obligó a que familias enteras se desplacen masivamente con el único objetivo de preservar derechos fundamentales básicos como la vida, integridad personal, libertad e indemnidad sexual.

En atención a ello, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), a través de su Informe Final, recomendó el diseño y ejecución de un Plan Integral de Reparaciones –PIR, con la finalidad de restituir y compensar las violaciones a los derechos humanos cometidos en el período de violencia, así como las pérdidas y secuelas sociales, morales y materiales sufridas por los afectados. En julio de 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, la cual fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS.

Este marco normativo reconoce fundamentalmente el derecho de las víctimas y afectados a ser compensadas por la vulneración de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, la obligación del Estado a implementar mecanismos, modalidades y procedimientos de reparación. Adicionalmente, precisa el rol de la CMAN como entidad encargada del diseño, coordinación y supervisión de la ejecución del PIR.