Titular del MINJUSDH anunció que se otorgarán reparaciones a más comunidades afectadas y víctimas individuales.

 

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, sostuvo hoy una reunión virtual con representantes de organizaciones nacionales de víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia 1980 – 2000, a quienes expresó su compromiso con los derechos humanos y aseguró que durante su gestión desplegará los mayores esfuerzos para brindar atención a los afectados.

En la reunión, la ministra anunció que se vienen gestionando recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de brindar reparaciones colectivas a 350 comunidades víctimas de la violencia. Compartió que el objetivo del sector es llegar a 500 colectivos este año.

Asimismo, refirió que en setiembre se publicará la lista n.° 30 de reparaciones económicas individuales que contemplará alrededor de 800 víctimas civiles, policiales y militares; y que se continuará potenciando la virtualización de los trámites ante el Registro Único de Víctimas (RUV), sobre todo en este periodo de pandemia. Señaló, además, que se seguirá articulando con todos los actores de este proceso para garantizar la búsqueda de personas desaparecidas, a través de las mesas de trabajo con un enfoque humanitario, entre otros mecanismos.

También indicó que se emprenderá la construcción participativa del Plan Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación con el aporte de las organizaciones de víctimas y la sociedad civil, para garantizar el respeto a las víctimas, la consolidación de espacios de memoria nacional y el rechazo de acciones y discursos de violencia.

La ministra Ana Neyra agradeció la participación de los representantes en la reunión y destacó el trabajo del equipo del MINJUSDH en materia de derechos humanos, recordando la experiencia del reciente reencuentro familiar del ciudadano Wille Castañeda con sus hermanos, gracias a la labor de búsqueda de personas desaparecidas.

Indicó, además, que la transición democrática del Gobierno, el próximo año, debe ser una oportunidad para reafirmar el compromiso de que no podemos volver a situaciones de violencia.

Por su parte, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, sostuvo que esta reunión es un espacio de diálogo que permite renovar ideas y propuestas, así como realizar un balance de las acciones realizadas. “Ahora hay una participación institucionalizada. No como antes, que las organizaciones caminaban solas. Ahora caminamos juntos. Este es un cambio sustancial en la política de atención a las víctimas civiles, policiales y militares”, afirmó.

En la reunión virtual participaron representantes de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia (CONAVIP); la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (ANFADET); la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP); la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (AVISFAIP); la

Asistencia Policial del Perú (ASISTEPOL); la Sociedad Unificada Militar Policial Inválidos en acción de armas por la pacificación del Perú; la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno (CONAMUACAI); la Asociación Reflexión de Inocentes Liberados; la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP); la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada del Perú (CN- FAVIDEFO); y la Red de Mujeres Forjadoras de la Paz.

Los representantes de estas organizaciones nacionales, en sus intervenciones, destacaron el trabajo del sector y dieron a conocer sus demandas y expectativas.

Por parte del MINJUSDH participaron la ministra de Justicia, Ana Neyra Zegarra; el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez; la secretaria técnica del Consejo de Reparaciones, Marlene Román; la secretaria ejecutiva de la CMAN, Katherine Valenzuela; y la directora general de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Mónica Barriga.