Se eliminan plazos que generaban un trato diferenciado injustificado y limitaban el derecho a la reparación

Hoy se publicó el Decreto Supremo N° 008-2017-JUS, que elimina los plazos establecidos en la norma que autorizó la transferencia del beneficio del derecho a la educación de las víctimas a favor de un hijo/a o nieto/a. La norma derogada fijó como plazos para la inscripción de la transferencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y que el beneficiario tendría hasta 5 años de plazo para hacer uso del derecho.

La Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Vignolo, indicó que “el establecimiento de dichos plazos desnaturalizaba y generaba dificultades para el acceso a la reparación en educación pues impedía que las víctimas civiles, policiales y militares que se inscriban en el Registro Único de Víctimas puedan transferir este derecho después del 2017 y, hacer uso del mismo después de los 5 años”.

Por su parte, el Secretario Técnico de la CMAN, Daniel Sánchez, señaló que el Plan Integral de Reparaciones estableció el programa de reparaciones en educación como una herramienta para dar mejores oportunidades de acceso a las víctimas que como producto del proceso de violencia perdieron la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios.

“Sin embargo, la sujeción a plazos limitaba el acceso al beneficio a algunas personas y constituía un trato diferenciado injustificado que era necesario modificar a fin de hacer más inclusivo al programa de reparaciones en educación”, precisó Sánchez.

Sánchez indicó que otra razón que justificaba la modificación normativa es que a la fecha, pese a que muchos beneficiarios solicitaron la transferencia, solo el 2.41 % de los inscritos en el Registro Único de Victimas han hecho el trámite. “A pesar de los esfuerzos realizados aún existe desconocimiento de este mecanismo, y en otros casos, los beneficiarios viven en lugares alejados, de difícil acceso geográfico y con dificultades de comunicación por lo que limitar la inscripción hasta el 31 de diciembre del 2017 les era perjudicial”, concluyó el funcionario.